Por Darío H. Delle Chiaie. Desde la mirada de quien suscribe es necesario repensar el rol de las Comisiones Médicas de la LRT y de esta manera, las consecuencias que se desprenden de su funcionamiento hasta la actualidad. Sin ánimo de agotar la discusión respecto del tema, o más bien todo lo contrario (o sea iniciar una nueva etapa en la discusión y valoración de las mencionadas Comisiones), es que intento poner el acento en el examen de la cuestión, pero por el lado “del absurdo”. Ya se han volcado “ríos de tinta” con distintas valoraciones sobre las Comisiones Médicas; las ART a favor y los abogados laboralistas (entre los cuales me considero uno más) en contra; se han volcado argumentos de corte constitucional y legal; doctrina y jurisprudencia en ambos sentidos. Sin embargo, creo que está faltando observar este tema desde “el absurdo”, que es lo que me mueve a escribir estas líneas, pensando que pueden ser un “disparador” para nuevas discusiones; esto es lo que más me alienta a desarrollar este puñado de ideas, que no es otra cosa que intentar cambiar el actual enfoque respecto de estos organismos médico-administrativos, los que acá se ponen en discusión. Como lo que en este caso se busca es profundizar el análisis desde “lo absurdo”, es que se me ocurrió mirar a los accidentes de trabajo (o enfermedades laborales) como una materia de discusión judicial, cada vez más en desuso conforme fallos y doctrina, ya que algunos hasta pueden sostener que ningún tipo de cáncer es de naturaleza laboral (lo que no aparece en el listado de enfermedades en principio no es materia de resarcimiento, conforme la LRT) por lo que me parece que hay que revisar urgentemente este límite y llevar esta situación a los casos de despidos. Los asesores de empresas, con este mismo criterio podrían sostener que la creación de COMISIONES CONTABLES, obviamente compuesta por contadores (y no de molestos abogados laboralistas ,aunque puedan saber más del tema), solucionaría el “abultado” índice de litigiosidad que tiene colapsada a la Justicia Laboral, alivianando el actual “colapso virtual” de ésta. Como ocurre con las Comisiones Médicas, los accidentes de trabajo sólo pueden llegar a la Justicia Laboral después de haber agotado la instancia “previa, obligatoria y excluyente ” también en los casos de despido, podría aplicarse este sistema, sólo una vez resueltos por las nuevas Comisiones Contables, ser apelados, pero ante una Comisión Contable Central y claro, también se podría interponer recurso (jamás iniciar juicio en sede judicial) ante los tribunales de alzada con competencia laboral, pero sólo “en relación y con efectos suspensivo”. Igual que sucede con las comisiones médicas, los conceptos jurídicos serán resueltos por contadores públicos, que tendrán un servicio de homologación gratuito y “en defensa de los trabajadores” no se pagarán honorarios profesionales. Incluso se podrían prohibir los pactos de cuota litis, tal como ocurre con los casos de accidente de trabajo. Eso sí, las patronales empresarias proveerán los gastos que estas nuevas comisiones contables irroguen, con ayuda del Ministerio del Trabajo (igual que hoy ocurre con las Comisiones Médicas), y así se acelerarían los resultados ante reclamos por despidos, suspensiones, etc. y se evitaría el aumento de la litigiosidad en el Fuero Laboral. No importa que ni las comisiones médicas (o las contables a crearse) carezcan de aptitud para entender y resolver conceptos jurídicos y cuestiones como: qué convenio colectivo se aplica, o qué categoría profesional corresponde al reclamante, o si se aplican los fallos plenarios al caso particular y tantas otras.- Tampoco importa que se planteen inconstitucionalidades o inconvencionalidades, las que, desde luego, serán resueltas por contadores (evitando así la intervención de abogados laboralistas y de jueces especializados en el Fuero). Qué importancia tienen el principio de acceso irrestricto a la justicia, o el derecho constitucional de “defensa en juicio”, cuando los médicos (o en este caso que planteo por “el absurdo”, los contadores) tienen la “jurisdicción”, o sea la posibilidad de dictar sentencias. Claro que siempre recurribles, pero con efecto suspensivo y en grado de apelación. Jamás se podrán iniciar juicios por accidentes de trabajo y, con este enfoque “por el absurdo”, tampoco despidos. Me permito destacar el fallo “Burghi”, porque si con éste se justifica la dudosa “constitucionalidad” de las Comisiones Médicas, bien podría utilizarse para legitimar a las comisiones contables, que aún no han sido creadas, pero podrían justificar su creación, ya que el paradigma no es la Justicia, sino “evitar la litigiosidad” y sobre todo en el Fuero Laboral.- En este fallo señalado, se da vuelta la interpretación de los fallos: Fernandez Arias Elena y otros c/ Poggio Marta del Campo y “Angel Estrada y Cía c/ Resolución 71/96-Secretaría de Energía y Puertos”; ya que la actividad jurisdiccional del Poder Ejecutivo, pasó de ser “excepcional” y sujeta a una completa revisión judicial, a ser “la norma” y sólo revisable en sede judicial en etapa recursiva y con efecto suspensivo, a pesar de tratarse de créditos de carácter “alimentario”. COROLARIO: creo que hay que poner al descubierto (blanco sobre negro) a este tipo de “justicia express”, y desde ya que no propongo la creación de las comisiones contables, todo lo contrario, ya que creo que de esta forma, “por el absurdo” colaboro con mi granito de arena, por si a alguno se le ocurre crearlas y una vez más llevar a la discusión la existencia, el objeto y el resultado de las “constitucionales” Comisiones Médicas.
Por Guido Riso, para La Nación. El coronavirus nos interpela como sociedad y pone a prueba no solo nuestro sistema de vida, valores y prioridades, sino también nuestras construcciones políticas y jurídicas. Desde hace dos siglos, sobre todo a partir de las revoluciones norteamericana y francesa, hemos desarrollado un modelo jurídico basado en la libertad, la igualdad y los controles al poder, el cual, luego de la tragedia de los totalitarismos que azotaron a Europa a mitad del siglo pasado, fue reforzado con el desarrollo de un constitucionalismo moderno que fortaleció a las democracias y fijó límites normativos mediante el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, ahora que un virus pone en crisis nuestro sistema no tengo dudas de que vienen tiempos de mayor vigilancia y big data que afectarán a nuestras democracias y nuestros Estados de Derecho. Ahora bien, el interrogante que surge entonces es el siguiente: estos nuevos tiempos, ¿llegarán para quedarse? Todos sabemos que, históricamente, el sitial del poder fue pasando del brujo de la tribu al teólogo, de este -sobre todo después de la Revolución Francesa- al burócrata, hasta que finalmente la Revolución Industrial, con tiempo y paciencia, sentó en el trono al economista, quien de repente ve amenazado su lugar de poder por el big data y la inteligencia artificial. En Europa ya se comienza a leer y oír que la vigilancia digital salva vidas, y muy seguramente en breve lo empezaremos a leer y oír en el hemisferio sur. Veremos entonces quiénes son los defensores de la vigilancia extrema en nuestra región. En definitiva, este virus -tal vez- no hizo más que acelerar la historia, y probablemente desde el constitucionalismo tendremos que volver a empezar, pues cuando todo esto pase, cuando las vacunas aparezcan y el virus sea derrotado, lo que quedará será otro mundo, más vigilado, más controlado y con un poder más vigoroso y legitimado que, como todo poder, conlleva la pulsión de avanzar. Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Especialista en Constitucionalismo. Profesor Adjunto Regular de derecho constitucional de la UBA y Titular de la Cátedra de derecho político de la Universidad de San Isidro- Placido Marín.
El 10 de abril, el área de Trabajo Social de la Universidad de San Isidro, que fue inaugurada el pasado año por monseñor Oscar Ojea, presenta su primera Diplomatura, titulada: “La intervención social hoy: nuevos enfoques y prácticas en el territorio”.
Por Gustavo Ber, para Ámbito. Tras los comicios del “27-O”, las primeras jornadas de la transición vienen mostrando una marcada sensibilidad de los inversores a las señales políticas y económicas, a la espera de detalles sobre el plan definido para el post “10-D”. Más allá que el diálogo entre las principales fuerzas fue recibido positivamente, especialmente tras un resultado que deja como saldo un mayor equilibrio parlamentario, esta etapa se viene caracterizando por una elevada volatilidad en el mercado financiero al ritmo de las sucesivas medidas económicas que se anuncian. Entre ellas en los últimos días se destacaron la fuerte profundización de las restricciones cambiarias, el descongelamiento de precios y una política monetaria más expansiva que tendría asociada una mayor emisión y menor tasa en la Leliq. Dicha última decisión apunta no sólo a obtener recursos – ante la falta de acceso a los mercados – a fin de poder financiar las necesidades fiscales y financieras en lo que resta del año, sino también a acelerar el proceso de reducción de tasas. Se reconoce que esta estrategia en el actual contexto no está exenta de riesgos como acelerar la inflación y/o ampliar las brechas cambiarias, que actúan como “termómetro”, especialmente cuando la demanda por pesos sigue alicaída. Por otro lado, más allá de que el “super cepo” frenó de golpe el atesoramiento de los individuos, el drenaje de reservas sigue su curso dado que los depósitos en dólares continúan en descenso a lo cual se suma la necesidad de utilizar divisas para atender los compromisos de deuda a la espera de encarar una reestruturación. Con el “reperfilamiento” con menores chances de implementación, crece la expectativa de que la renegociación de deuda podría resultar más dura en busca de dejar como saldo una dinámica sustentable. Aún así, hasta el momento no se han logrado avances que permitan transitar rápidamente dicho proceso, lo cual resulta urgente para evitar un “default” desordenado que sería más complejo de resolver. Sin dicha reestructución cerrada, no sólo con los bonistas sino también con el FMI, el país podría continuar sin acceso al financiamiento en los mercados tanto domésticos como internacionales, tal como refleja un riesgo país por encima de los 2.000 pb. y títulos en dólares con paridades promedio del orden del 40%. El objetivo de esta etapa de transición apuntaría a estabilizar las principales variables financieras a fin de evitar nuevos episodios de tensiones cambiarias que resultarían inoportunos en el actual escenario de vulnerabilidad y fragilidad económica. A pesar de ello, los inversores ansiosamente esperan conocer detalles sobre el plan económico a implementase a partir del “10-D”, ya que resulta crucial para adoptar decisiones estratégicas, y así poder interrumpir el prolongado “wait and see” que ha potenciado el extenso período electoral de cuatro meses que abrieron las PASO. Mientras tanto, los activos domésticos se encuentran en su dinámica diaria rehén de operadores orientados al “trading” que buscan rápidamente capturar cualquier señal, y es por ello que se viene transitando una etapa de creciente volatilidad, donde los flujos han desplazado a los análisis de los fundamentals y las valuaciones. Gustavo Ber es Profesor de la carrera de Administración de Negocios – Universidad de San Isidro «Dr. Plácido Marín».
Por Guido Riso, para Página 12. Dictaduras, genocidas, torturas, la lucha, los desaparecidos, así, en medio de ese terror vivó Latinoamérica hasta que (por fin) luego de aquella oleada democrática iniciada en los años ochenta, la libertad llegó para cerrar una etapa que todos decidimos Nunca Más permitiríamos que regrese. El golpe de estado sucedido en Bolivia y el derrocamiento del presidente Evo Morales impidiendo que termine el mandato que impone la Constitución del Estado Plurinacional no se limita solo a los hermanos bolivianos, lo sucedido allí afecta a la democracia de toda la región. Hoy el pueblo sudamericano ha retrocedido a lo peor de la historia y quienes analicen estos hechos a partir de los típicos manuales cometen un grave error, pues como profesor de derecho constitucional desde hace casi veinte años, debo decir que no hay categorías académicas ni teorías jurídicas desde las cuales explicar la violencia contra el Estado de Derecho y la democracia constitucional, sin correr el riesgo de ser reduccionistas o terminar relativizando un hecho terrible. Otro dato que surge a la sombra de estas circunstancias es que el poder político en América Latina -aun hoy- sigue muy vinculado a las fuerzas armadas. El año pasado, durante la campaña electoral que en 2018 consagró en Brasil al ex capitán Jair Bolsonaro como presidente, cierto sector de sus fuerzas armadas sostuvo públicamente la posibilidad de una intervención militar de ser necesaria. Y una vez asumido, el nuevo mandatario conformó gran parte de su gabinete por militares. El asunto es que ese protagonismo militar en Brasil no es una excepción ni una particularidad de aquel país; hoy en Uruguay el general Manini Rios tiene un rol protagónico en la segunda vuelta presidencial entre Martinez y Lacalle Pou; a su vez, debemos observar lo sucedido recientemente en Ecuador y en Chile, donde la intervención de sus fuerzas armadas y de seguridad respectivamente también han tenido un rol decisivo frente a las protestas sociales, motivando incluso serias denuncia de organismos internacionales por violación a los derechos humanos en el marco de la represión desplegada contra los manifestantes; y debemos señalar el rol, también protagónico, que las fuerzas armadas tienen actualmente en Venezuela. Es decir, no se trata de una cuestión ideológica, es un error analizarlo en esos términos, se trata de defender de forma incondicional a nuestras democracias constitucionales, pues más allá de ideologías, los latinoamericanos debemos ser claros al momento de defender con todas las letras la plena vigencia de los derechos, las libertades y las garantías que no llegaron por arte de magia ni por un evento de la naturaleza; conquistamos entre todos. Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Especialista en Constitucionalismo. Profesor Adjunto Regular de derecho constitucional de la UBA y Titular de la Cátedra de derecho político de la Universidad de San Isidro- Placido Marín.
El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles recibió una mención especial en Protección de la Dignidad Humana. El equipo de trabajo está encabezado por el Dr. Gustavo Hornos, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, quien se desempeña como docente de la Diplomatura en Ejecución Penal y Cuestiones Penitenciarias. También integran el Sistema de Control de Cárceles que fue premiado por la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, el Dr. Sergio Paduczak, Director de la Diplomatura y la Coordinadora, Dra. Lucía Gallagher (en la 2° foto que envío está con saco blanco sosteniendo el diploma).
Por Guido Riso, para Infobae. Las calles de París tomadas por las protestas de los chalecos amarillos, las barricadas en Cataluña, lo que está sucediendo en Ecuador, el Líbano, Egipto, Hong Kong y el estallido social producido en Chile, reflotan un viejo y circular debate constitucional, el referido al “derecho de resistencia a la autoridad”. Lo de antiguo tiene que ver con que bien temprano en la historia -podríamos comenzar con Aristóteles, Santo Tomás, Francisco de Vitoria o John Locke, pero voy a evitarle al lector retroceder tanto en el tiempo- la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional francesa el 26 de agosto de 1789, en su primer artículo proclamó la existencia de los derechos fundamentales a los que consideró imprescriptibles e inalienables, al tiempo que reconoció expresamente la libertad e igualdad entre las personas. Pero vayamos al punto. Aquello que importa ahora es que en medio de esa revolución normativa, la célebre declaración, en el artículo segundo sostuvo que el objeto principal de toda asociación política es la de preservar ciertos derechos, entre los que destacó -nada más ni nada menos- que el derecho de resistencia. Aclarado el tema acerca de lo poco novedosa que resulta la discusión, vayamos al segundo adjetivo calificativo que utilicé en la introducción: circular. Efectivamente, el derecho de resistencia a la autoridad es uno de esos derechos que te hacen girar por el borde del constitucionalismo; caerse o mantenerse dentro depende de la respuesta que demos al siguiente interrogante: ¿frente a que casos y en que circunstancias se está constitucionalmente habilitado para ejercer el derecho de resistir a la autoridad? Veamos. Lo primero que corresponde señalar es que lamentablemente la cuestión no puede definirse mediante este único interrogante, por consiguiente veremos que -a mi entender- el asunto es significativamente más delicado, pues en el preciso instante en que superemos positivamente esta primera incógnita, se abrirá otra –igual o más compleja que la anterior: ¿qué órgano, institución o autoridad tiene la competencia legal/constitucional para decidir si el derecho de resistencia fue regularmente practicado? Es decir: ¿quién tiene el poder de definir, y en todo caso la última palabra, para decidir si está justificada o no la resistencia ejercida? Imaginemos por un momento que ya resolvimos el primero y el segundo de los interrogantes planteados y en consecuencia ya tenemos bien en claro cuando y bajo qué circunstancias está justificado resistir y quien es la autoridad con la competencia para definir si el derecho de resistencia fue ejercido regular o abusivamente. ¿Qué sucedería en el caso que la resistencia se haya ejercido precisamente contra esa autoridad que tiene en sus manos la decisión institucional mencionada? En definitiva, el asunto del derecho de resistencia a la autoridad puede atraparnos en una rotonda, debido a lo cual corremos el riesgo de girar alocadamente sin avanzar hacia ningún lado, o bien, elegir la salida que nos regresará una y otra vez al punto de partida. ¿Cómo resuelve (si es que lo hace) nuestra Constitución Nacional esta cuestión? En primer lugar hay que destacar que en el tercer párrafo del artículo 36 –incorporado en la reforma del año 1994- el texto constitucional reconoce expresamente a todos los ciudadanos el derecho de resistencia y aclara que podrá ser ejercido “contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este articulo”. Ahora bien, ¿cuales son los actos de fuerza que enuncia ese artículo? Son los mencionados en el primer párrafo: aquellos actos ejercidos contra el orden institucional y el sistema democrático, a los cuales agrega luego (a modo de aclaración) los actos de usurpación de funciones previstas para las autoridades de la Constitución o las de las provincias. Como se lee, la cláusula constitucional es víctima de una deficiente técnica legislativa, una fenomenal vaguedad en la redacción y una pésima elección de las palabras, pues pareciera que reduce los actos de fuerza a los dos últimos señalados, cuando sin embargo -es fácilmente observable- que existen actos de fuerza contra el orden institucional o el sistema democrático que no se materializan exclusivamente en la usurpación de las funciones mencionadas. En definitiva, los constituyentes del 94 no fueron capaces de establecer pautas verdaderamente objetivas, concretas y precisas que impidan -o al menos dificulten- la discrecionalidad en un tema tan delicado y fundamental como el derecho de resistencia, pues claramente la amplitud y opacidad de su texto solo consiguen mantenernos atrapados en aquella rotonda. Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Especialista en Constitucionalismo. Profesor Adjunto Regular de derecho constitucional de la UBA y Titular de la Cátedra de derecho político de la Universidad de San Isidro- Placido Marín
La Universidad de San Isidro organizó una jornada de reflexión contra la trata de personas con el objetivo de abordar esta problemática social desde diferentes perspectivas: prevención, sanción y atención a la víctima. La actividad tuvo lugar el 31 de octubre en el SUM del Edificio Papa Francisco. Las exposiciones estuvieron a cargo de Alika Kinan, especialista en la temática (UNSAM); María Silvia Olivera, representante de la Red Kawsay; y Gonzalo Acosta, fiscal especializado. Durante la apertura, el rector de la Universidad de San Isidro, Abg.Gualberto Baistrocchi, destacó “quisimos llevar adelante una jornada especial sobre trata de personas, a través de un diálogo abierto para la toma de conciencia y a la vez, para que la USI se ofrezca como protagonista insustituible entre todos los que debemos sumarnos decididamente para confrontar y contrastar este gravísimo fenómeno que debe ser erradicado”. La primera en dar su testimonio fue Alika Kinan, quien resaltó: “es un desafío para todas aquellas que luchamos por visibilizar este terrible delito, romper con el estigma social. Primero de que las mujeres eligen libremente la prostitución. El otro estigma a romper es, que la trata de personas es ser secuestrada”. Citando a Harriet Tubman, Kinan puso en palabras algo muy relevante para ella y su historia “he liberado a miles de esclavos, y hubiese liberado a miles más, si tan sólo hubieran sabido que lo eran”. Tras el fuerte testimonio, Mariana Rospide, directora de la carrera de abogacía de la USI, destacó el coraje y la resiliencia de Kinan, sus esfuerzos para asistir al gobierno en el enjuiciamiento, sus aportes para la prevención de un delito tan terrible y su empuje para garantizar los derechos de los más vulnerables. En este sentido, Rospide explicó “ella creía que era parte de su destino prostituirse y lo naturalizó ya que su madre y su abuela también lo hacían. Todo esto me llevó a pensar que quizás ella sola no hubiese podido pero con otros que la acompañaron logró entender y buscar su propia integridad” y citando a Boris Cyrulnik, reflexionó «nuestro origen no es necesariamente nuestro destino». A continuación, María Silvia Olivera señaló que durante la Asamblea de Talitha Kum Internacional, celebrada en Roma en el mes de septiembre, pusieron la mirada en las causas estructurales que sostienen la trata de personas. “Nos preguntamos qué hacer o qué decir ante la corrupción e impunidad de nuestros gobiernos, donde la presencia del crimen organizado avanza en la apropiación de más y más territorio, donde se naturalizan las violencias ante la falta de oportunidades, y donde la vida de los jóvenes carece de sentido porque el sistema les roba sus sueños”. Olivera subrayó la necesidad de tejer redes, alianzas y de trabajar en articulación con otras organizaciones a quienes une la misma preocupación. También, afirmó que “es necesario formarnos y capacitarnos en esta compleja realidad siempre cambiante, para comprender el fenómeno y poder intervenir adecuadamente, en el conocimiento de las leyes para exigir su cumplimiento, y para seguir aprendiendo, saber acompañar a las víctimas y sobrevivientes. Es necesaria, también, una formación integral con perspectiva de Género y Derechos Humanos. No se puede improvisar”. Por último, destacó la declaración final de la Asamblea de Talitha Kum Internacional “hacíamos un llamamiento a todos los católicos y a todas las personas de buena voluntad a llevar a cabo acciones proféticas en consonancia a la llamada del Papa Francisco de acoger, proteger, promover y integrar a los migrantes, refugiados y desplazados para evitar que caigan en manos de los traficantes”. Respecto del delito de trata de personas, el fiscal Gonzalo Acosta explicó que “es uno de los flagelos, junto con los de tráfico de armas y de drogas, que está asechando a toda la comunidad mundial. A raíz de esto, las Naciones Unidas en el año 2000 dicta un protocolo, después ratificado por la Argentina en el año 2002”. En definitiva, con mucho atino Acosta señaló que “nuestras normas son bastante jóvenes, la primera fue en el año 2008 y la segunda en el año 2013, que es modificatoria de la primera”. Desde su perspectiva, el fiscal aseguró que «la trata de personas se debe al evitamiento fronterizo, a la cantidad de dinero que ganan estas empresas dedicadas al delito y a la globalización. También, las grandes crisis que hubo en Europa en la que fueron migrando un montón de personas con las falsas promesas de mejores lugares de trabajo y situaciones, y en definitiva, llegan al lugar y se encuentran con otra realidad completamente distinta”. Luego de su exposición, el fiscal marcó que “lo importante es visibilizarlo, no naturalizarlo, concientizar y luchar contra esto. Por eso, la forma en la cual lo ha planteado la USI me pareció buenísima porque lo vimos desde tres puntos de vista en la que todos tenemos que trabajar mancomunadamente”. Y finalizó “si no lo atacamos todos juntos, este flagelo nunca se va a poder erradicar de la sociedad”. Al cierre de la jornada, el rector Baistrocchi, enfatizó “hemos escuchado desde sus protagonistas la dolorosa realidad que destruye la dignidad humana. Eso, impone a la USI dar prioridad significativa a este tema en todas sus áreas: académica, investigación y extensión, para colaborar con los diferentes actores sociales en ese norte definitivo que es la erradicación de este gravísimo delito y la reparación de las víctimas para que vuelvan a tener su dignidad”.
Por Guido Riso, para Página 12. Los chalecos amarillos parisinos, el pueblo ecuatoriano y ahora el caos en el que está sumido Chile no hacen más que poner delante de nuestras narices una de las mayores obviedades del Siglo XXI: la clásica democracia liberal enfrenta desde hace tiempo una crisis global de representación que se manifiesta por un creciente descontento social. Ahora bien, en el trasfondo de esta crisis aquello que cruje es un sistema de gobernanza que ha sido puesto en jaque por un modelo económico que ha generado un escenario mundial donde casi el 50 por ciento de la riqueza está en manos del 0,7 por ciento de la población. En este contexto, en donde los niveles de concentración de riqueza tienen efectos destructivos sobre la dignidad y la salud de las grandes mayorías, las viejas democracias representativas se mostraron impotentes y quedaron expuestas a contradicciones sustanciales y, en consecuencia, son observadas por estas mayorías como construcciones obsoletas, como un conjunto de instituciones y prácticas políticas que no resuelven los verdaderos problemas de las personas. Pues claramente, el esquema institucional vigente no solo es incapaz de detener la sostenida degradación de la calidad de vida de millones de personas y la cada vez mayor exclusión social y concentración de la riqueza, sino que tampoco logra frenar el deterioro del medio ambiente y el avance del crimen organizado a nivel mundial. En definitiva, cuando los mecanismos tradicionales de la democracia se debilitan y no tienen capacidad para asegurar al menos cierto nivel de respuesta a las distintas exigencias y demandas sociales, o bien le cierran los canales institucionales de expresión, el reclamo tiende a perforar el sistema. Para el constitucionalismo esto no es novedoso, pues desde hace años que venimos advirtiendo que una de las principales causas del incremento del malestar social es que no encuentra respuesta formal suficiente, por lo cual -tarde o temprano- se expresará por otras vías, como vimos en Francia, en Ecuador y ahora en Chile. Guido Risso es Profesor de la carrera de Abogacía de la Cátedra de Derecho Político – Universidad de San Isidro «Dr. Plácido Marín».
