Por Guido Riso, para Infobae. Las calles de París tomadas por las protestas de los chalecos amarillos, las barricadas en Cataluña, lo que está sucediendo en Ecuador, el Líbano, Egipto, Hong Kong y el estallido social producido en Chile, reflotan un viejo y circular debate constitucional, el referido al “derecho de resistencia a la autoridad”. Lo de antiguo tiene que ver con que bien temprano en la historia -podríamos comenzar con Aristóteles, Santo Tomás, Francisco de Vitoria o John Locke, pero voy a evitarle al lector retroceder tanto en el tiempo- la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional francesa el 26 de agosto de 1789, en su primer artículo proclamó la existencia de los derechos fundamentales a los que consideró imprescriptibles e inalienables, al tiempo que reconoció expresamente la libertad e igualdad entre las personas. Pero vayamos al punto. Aquello que importa ahora es que en medio de esa revolución normativa, la célebre declaración, en el artículo segundo sostuvo que el objeto principal de toda asociación política es la de preservar ciertos derechos, entre los que destacó -nada más ni nada menos- que el derecho de resistencia. Aclarado el tema acerca de lo poco novedosa que resulta la discusión, vayamos al segundo adjetivo calificativo que utilicé en la introducción: circular. Efectivamente, el derecho de resistencia a la autoridad es uno de esos derechos que te hacen girar por el borde del constitucionalismo; caerse o mantenerse dentro depende de la respuesta que demos al siguiente interrogante: ¿frente a que casos y en que circunstancias se está constitucionalmente habilitado para ejercer el derecho de resistir a la autoridad? Veamos. Lo primero que corresponde señalar es que lamentablemente la cuestión no puede definirse mediante este único interrogante, por consiguiente veremos que -a mi entender- el asunto es significativamente más delicado, pues en el preciso instante en que superemos positivamente esta primera incógnita, se abrirá otra –igual o más compleja que la anterior: ¿qué órgano, institución o autoridad tiene la competencia legal/constitucional para decidir si el derecho de resistencia fue regularmente practicado? Es decir: ¿quién tiene el poder de definir, y en todo caso la última palabra, para decidir si está justificada o no la resistencia ejercida? Imaginemos por un momento que ya resolvimos el primero y el segundo de los interrogantes planteados y en consecuencia ya tenemos bien en claro cuando y bajo qué circunstancias está justificado resistir y quien es la autoridad con la competencia para definir si el derecho de resistencia fue ejercido regular o abusivamente. ¿Qué sucedería en el caso que la resistencia se haya ejercido precisamente contra esa autoridad que tiene en sus manos la decisión institucional mencionada? En definitiva, el asunto del derecho de resistencia a la autoridad puede atraparnos en una rotonda, debido a lo cual corremos el riesgo de girar alocadamente sin avanzar hacia ningún lado, o bien, elegir la salida que nos regresará una y otra vez al punto de partida. ¿Cómo resuelve (si es que lo hace) nuestra Constitución Nacional esta cuestión? En primer lugar hay que destacar que en el tercer párrafo del artículo 36 –incorporado en la reforma del año 1994- el texto constitucional reconoce expresamente a todos los ciudadanos el derecho de resistencia y aclara que podrá ser ejercido “contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este articulo”. Ahora bien, ¿cuales son los actos de fuerza que enuncia ese artículo? Son los mencionados en el primer párrafo: aquellos actos ejercidos contra el orden institucional y el sistema democrático, a los cuales agrega luego (a modo de aclaración) los actos de usurpación de funciones previstas para las autoridades de la Constitución o las de las provincias. Como se lee, la cláusula constitucional es víctima de una deficiente técnica legislativa, una fenomenal vaguedad en la redacción y una pésima elección de las palabras, pues pareciera que reduce los actos de fuerza a los dos últimos señalados, cuando sin embargo -es fácilmente observable- que existen actos de fuerza contra el orden institucional o el sistema democrático que no se materializan exclusivamente en la usurpación de las funciones mencionadas. En definitiva, los constituyentes del 94 no fueron capaces de establecer pautas verdaderamente objetivas, concretas y precisas que impidan -o al menos dificulten- la discrecionalidad en un tema tan delicado y fundamental como el derecho de resistencia, pues claramente la amplitud y opacidad de su texto solo consiguen mantenernos atrapados en aquella rotonda. Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Especialista en Constitucionalismo. Profesor Adjunto Regular de derecho constitucional de la UBA y Titular de la Cátedra de derecho político de la Universidad de San Isidro- Placido Marín
La Universidad de San Isidro organizó una jornada de reflexión contra la trata de personas con el objetivo de abordar esta problemática social desde diferentes perspectivas: prevención, sanción y atención a la víctima. La actividad tuvo lugar el 31 de octubre en el SUM del Edificio Papa Francisco. Las exposiciones estuvieron a cargo de Alika Kinan, especialista en la temática (UNSAM); María Silvia Olivera, representante de la Red Kawsay; y Gonzalo Acosta, fiscal especializado. Durante la apertura, el rector de la Universidad de San Isidro, Abg.Gualberto Baistrocchi, destacó “quisimos llevar adelante una jornada especial sobre trata de personas, a través de un diálogo abierto para la toma de conciencia y a la vez, para que la USI se ofrezca como protagonista insustituible entre todos los que debemos sumarnos decididamente para confrontar y contrastar este gravísimo fenómeno que debe ser erradicado”. La primera en dar su testimonio fue Alika Kinan, quien resaltó: “es un desafío para todas aquellas que luchamos por visibilizar este terrible delito, romper con el estigma social. Primero de que las mujeres eligen libremente la prostitución. El otro estigma a romper es, que la trata de personas es ser secuestrada”. Citando a Harriet Tubman, Kinan puso en palabras algo muy relevante para ella y su historia “he liberado a miles de esclavos, y hubiese liberado a miles más, si tan sólo hubieran sabido que lo eran”. Tras el fuerte testimonio, Mariana Rospide, directora de la carrera de abogacía de la USI, destacó el coraje y la resiliencia de Kinan, sus esfuerzos para asistir al gobierno en el enjuiciamiento, sus aportes para la prevención de un delito tan terrible y su empuje para garantizar los derechos de los más vulnerables. En este sentido, Rospide explicó “ella creía que era parte de su destino prostituirse y lo naturalizó ya que su madre y su abuela también lo hacían. Todo esto me llevó a pensar que quizás ella sola no hubiese podido pero con otros que la acompañaron logró entender y buscar su propia integridad” y citando a Boris Cyrulnik, reflexionó «nuestro origen no es necesariamente nuestro destino». A continuación, María Silvia Olivera señaló que durante la Asamblea de Talitha Kum Internacional, celebrada en Roma en el mes de septiembre, pusieron la mirada en las causas estructurales que sostienen la trata de personas. “Nos preguntamos qué hacer o qué decir ante la corrupción e impunidad de nuestros gobiernos, donde la presencia del crimen organizado avanza en la apropiación de más y más territorio, donde se naturalizan las violencias ante la falta de oportunidades, y donde la vida de los jóvenes carece de sentido porque el sistema les roba sus sueños”. Olivera subrayó la necesidad de tejer redes, alianzas y de trabajar en articulación con otras organizaciones a quienes une la misma preocupación. También, afirmó que “es necesario formarnos y capacitarnos en esta compleja realidad siempre cambiante, para comprender el fenómeno y poder intervenir adecuadamente, en el conocimiento de las leyes para exigir su cumplimiento, y para seguir aprendiendo, saber acompañar a las víctimas y sobrevivientes. Es necesaria, también, una formación integral con perspectiva de Género y Derechos Humanos. No se puede improvisar”. Por último, destacó la declaración final de la Asamblea de Talitha Kum Internacional “hacíamos un llamamiento a todos los católicos y a todas las personas de buena voluntad a llevar a cabo acciones proféticas en consonancia a la llamada del Papa Francisco de acoger, proteger, promover y integrar a los migrantes, refugiados y desplazados para evitar que caigan en manos de los traficantes”. Respecto del delito de trata de personas, el fiscal Gonzalo Acosta explicó que “es uno de los flagelos, junto con los de tráfico de armas y de drogas, que está asechando a toda la comunidad mundial. A raíz de esto, las Naciones Unidas en el año 2000 dicta un protocolo, después ratificado por la Argentina en el año 2002”. En definitiva, con mucho atino Acosta señaló que “nuestras normas son bastante jóvenes, la primera fue en el año 2008 y la segunda en el año 2013, que es modificatoria de la primera”. Desde su perspectiva, el fiscal aseguró que «la trata de personas se debe al evitamiento fronterizo, a la cantidad de dinero que ganan estas empresas dedicadas al delito y a la globalización. También, las grandes crisis que hubo en Europa en la que fueron migrando un montón de personas con las falsas promesas de mejores lugares de trabajo y situaciones, y en definitiva, llegan al lugar y se encuentran con otra realidad completamente distinta”. Luego de su exposición, el fiscal marcó que “lo importante es visibilizarlo, no naturalizarlo, concientizar y luchar contra esto. Por eso, la forma en la cual lo ha planteado la USI me pareció buenísima porque lo vimos desde tres puntos de vista en la que todos tenemos que trabajar mancomunadamente”. Y finalizó “si no lo atacamos todos juntos, este flagelo nunca se va a poder erradicar de la sociedad”. Al cierre de la jornada, el rector Baistrocchi, enfatizó “hemos escuchado desde sus protagonistas la dolorosa realidad que destruye la dignidad humana. Eso, impone a la USI dar prioridad significativa a este tema en todas sus áreas: académica, investigación y extensión, para colaborar con los diferentes actores sociales en ese norte definitivo que es la erradicación de este gravísimo delito y la reparación de las víctimas para que vuelvan a tener su dignidad”.
Por Guido Riso, para Página 12. Los chalecos amarillos parisinos, el pueblo ecuatoriano y ahora el caos en el que está sumido Chile no hacen más que poner delante de nuestras narices una de las mayores obviedades del Siglo XXI: la clásica democracia liberal enfrenta desde hace tiempo una crisis global de representación que se manifiesta por un creciente descontento social. Ahora bien, en el trasfondo de esta crisis aquello que cruje es un sistema de gobernanza que ha sido puesto en jaque por un modelo económico que ha generado un escenario mundial donde casi el 50 por ciento de la riqueza está en manos del 0,7 por ciento de la población. En este contexto, en donde los niveles de concentración de riqueza tienen efectos destructivos sobre la dignidad y la salud de las grandes mayorías, las viejas democracias representativas se mostraron impotentes y quedaron expuestas a contradicciones sustanciales y, en consecuencia, son observadas por estas mayorías como construcciones obsoletas, como un conjunto de instituciones y prácticas políticas que no resuelven los verdaderos problemas de las personas. Pues claramente, el esquema institucional vigente no solo es incapaz de detener la sostenida degradación de la calidad de vida de millones de personas y la cada vez mayor exclusión social y concentración de la riqueza, sino que tampoco logra frenar el deterioro del medio ambiente y el avance del crimen organizado a nivel mundial. En definitiva, cuando los mecanismos tradicionales de la democracia se debilitan y no tienen capacidad para asegurar al menos cierto nivel de respuesta a las distintas exigencias y demandas sociales, o bien le cierran los canales institucionales de expresión, el reclamo tiende a perforar el sistema. Para el constitucionalismo esto no es novedoso, pues desde hace años que venimos advirtiendo que una de las principales causas del incremento del malestar social es que no encuentra respuesta formal suficiente, por lo cual -tarde o temprano- se expresará por otras vías, como vimos en Francia, en Ecuador y ahora en Chile. Guido Risso es Profesor de la carrera de Abogacía de la Cátedra de Derecho Político – Universidad de San Isidro «Dr. Plácido Marín».
Por Guido Riso, para Perfil.com. El éxito de los debate como una nueva herramienta legal. De tanto en tanto es conveniente recordar que la concepción de la democracia representativa según la cual esta constituye un sistema político sustentado en un consenso racional expresado por una mayoría coyuntural que posteriormente se institucionaliza, es parte de la mitología clásica de la filosofía política liberal, puesto que en verdad, es el disenso y no el consenso el elemento definitorio del modelo democrático. La libertad de expresión, el pluralismo de ideas y la posibilidad de confrontarlas y debatirlas es una nota que solo tienen los sistemas democráticos. En tal sentido, la democracia es el sistema de gobierno que no sólo garantiza, sino que también asume y se nutre de las diferencias propias y presentes en toda sociedad, puesto que una verdadera democracia se redefine constantemente desde el disenso. Subestimar, o -incluso en ciertos casos- directamente negar la complejidad inherente a cualquier dinámica social abierta es el principal factor distorsivo del concepto de democracia. Es cierto que debe existir en toda organización sociopolítica determinado consenso establecido como principio de orden, el cual está expresado en el texto constitucional. En efecto allí hay un acuerdo colectivo sobre determinadas bases institucionales. Sin embargo, poco se ha trabajado la cuestión del disenso, en otras palabras, hace tiempo que se subestima la centralidad del debate entendido como elemento constitutivo del sistema democrático. Es decir, el debate político no solo debe ser canalizado por la democracia, sino que es el sustrato que fortalece a la democracia misma. Pues la democracia a la que denominamos deliberativa, nos propone un ejercicio de debate político en el sentido más amplio del término, o sea, el mayor objetivo de la democracia deliberativa es construir y sostener espacios de debate y entendimiento propicios para lograr un diálogo inclusivo. Bajo estas premisas es que debemos también valorar los debates presidenciales que por primera vez en nuestro país, a partir de una disposición legal y de forma obligatoria, se incorporaron al proceso electoral, abriéndose de tal modo una etapa auspiciosa y prometedora. Claramente los debates presidenciales que los argentinos observamos nos permitieron, además de extraer varias conclusiones, alcanzar un nuevo nivel de democracia en el cual son bienvenidos los acuerdos y desacuerdos, que como señalé anteriormente, constituyen ambas cara de la misma moneda. El éxito de los debates como una nueva herramienta legal que nos provee la democracia no se limita solo al hecho que previo a las elecciones, en un mismo espacio físico y al mismo tiempo cada uno de los candidatos a presidente de la nación expuso sus ideas y propuestas sobre cuestiones institucionales, económicas, sociales, etc.; pues estos debates -enmarcados en un determinado mecanismo de funcionamiento- siempre fortalecen la conversación social y por consiguiente promueven un ejercicio típico de democracia deliberativa. En efecto, más allá de candidatos y contenidos -los cuales inevitablemente irán cambiado con el transcurso del tiempo- la potencia de los debates presidenciales incorporados al proceso electoral trasciende la temporalidad del debate mismo, pues se proyecta hacia adelante y refuerza la conversación pública, nos invita a participar en un dialogo general sin exclusiones. Por tal razón es que estos debates electorales se inscriben en la versión más dinámica de la democracia. En definitiva, la clásica democracia representativa funciona, y como vimos la democracia en su versión deliberativa asoma y se expresa en la existencia del debate, pues más allá de candidatos y discursos, esta herramienta ahora institucionalizada y de carácter obligatorio, contiene parte de la energía que alimenta a las democracias modernas. Guido Risso es Profesor de la carrera de Abogacía – Universidad de San Isidro «Dr. Plácido Marín».
Por Gustavo Ber, para Ámbito. Desde el regreso del control de cambios, en busca de frenar el acelerado y peligroso drenaje que registraban las reservas, los operadores han sumado a las “brechas cambiarias” entre las variables financieras que requieren un cotidiano monitoreo. Ocurre que las restricciones cambiarias a la demanda, principalmente de aquellos agentes económicos más grandes, desde el comienzo llevaron a desempolvar viejas prácticas en aquellos inversores que buscan mecanismos para la dolarización. Entre ellas se encuentran no sólo empresas, sino también inversores especialmente extranjeros – ya que el límite mensual sólo habilita a individuos – y así es que fueron ganando espacio las operatorias de “dólar MEP” y “dólar contado con liquidación”, como vehículos para arbitrar pesos contra dólares en la plaza doméstica y externa. La sostenida demanda, aún tras los mayores controles implementados sobre el famoso “rulo” y los ruidos en la liquidación de rentas al exterior, hicieron saltar las “brechas cambiarias” hasta niveles cercanos al 30% a fines de la semana pasada. Que en tan sólo dos semanas se haya alcanzado dicho nivel resulta preocupante ya que difícilmente en esta incierta etapa de transición política y económica aflojen los controles, así como tampoco la dolarización de carteras de los inversores. Esto último se debe no sólo a que los agentes económicos locales siguen buscando cobertura en este escenario, sino a que además se sumarán a partir de los próximos días importantes desembolsos de títulos en pesos a inversores extranjeros. Esta situación se combina con un FMI que parecería inclinado a demorar el próximo desembolso de u$s 5.400 millones al menos hasta las elecciones del “27-O”, toda vez que buscaría poder obtener un consenso entre las principales fuerzas políticas respecto a la hoja de ruta que se buscará seguir transitando hasta el “10-D”. El mayor desbalance entre la proyectada oferta y demanda de divisas anticipa que podrían registrarse mayores presiones a raíz de las crecientes restricciones que registra la plaza cambiaria, así como la activa regulación del BCRA en el mayorista, donde la divisa viene presentándose absolutamente “planchada” recientemente. Ante dicho escenario, no deberían descartarse mayores controles que potencien aún más la dinámica de las “brechas cambiarias”, al actuar actualmente como las únicas válvulas de escape que ofrece el modelo para la demanda, y así comience a reconocerse como el “dólar libre” a diferencia del oficial que continuaría regulado. El riesgo de que se extienda esta situación, con correlato en eventuales mayores “brechas cambiarias” en el tiempo, está en que los agentes económicos comiencen a utilizar dicho “dólar libre” en la determinación de precios, lo cual agravaría la aceleración de la inflación que se registró tras las últimas tensiones cambiarias. Este ambiente se complementa con una elevada volatilidad en las acciones y los bonos, fuertemente castigados más allá de rebotes técnicos ante circunstanciales tácticas de “trading”. Ello refleja operadores anticipando un complejo escenario económico, incluida una más agresiva reestructuración de deuda que no sólo implique extensión de plazos sino además eventual quita de capital y/o intereses. Desde el regreso del control de cambios, en busca de frenar el acelerado y peligroso drenaje que registraban las reservas, los operadores han sumado a las “brechas cambiarias” entre las variables financieras que requieren un cotidiano monitoreo. Ocurre que las restricciones cambiarias a la demanda, principalmente de aquellos agentes económicos más grandes, desde el comienzo llevaron a desempolvar viejas prácticas en aquellos inversores que buscan mecanismos para la dolarización. Entre ellas se encuentran no sólo empresas, sino también inversores especialmente extranjeros – ya que el límite mensual sólo habilita a individuos – y así es que fueron ganando espacio las operatorias de “dólar MEP” y “dólar contado con liquidación”, como vehículos para arbitrar pesos contra dólares en la plaza doméstica y externa. La sostenida demanda, aún tras los mayores controles implementados sobre el famoso “rulo” y los ruidos en la liquidación de rentas al exterior, hicieron saltar las “brechas cambiarias” hasta niveles cercanos al 30% a fines de la semana pasada. Que en tan sólo dos semanas se haya alcanzado dicho nivel resulta preocupante ya que difícilmente en esta incierta etapa de transición política y económica aflojen los controles, así como tampoco la dolarización de carteras de los inversores. Esto último se debe no sólo a que los agentes económicos locales siguen buscando cobertura en este escenario, sino a que además se sumarán a partir de los próximos días importantes desembolsos de títulos en pesos a inversores extranjeros. Esta situación se combina con un FMI que parecería inclinado a demorar el próximo desembolso de u$s 5.400 millones al menos hasta las elecciones del “27-O”, toda vez que buscaría poder obtener un consenso entre las principales fuerzas políticas respecto a la hoja de ruta que se buscará seguir transitando hasta el “10-D”. El mayor desbalance entre la proyectada oferta y demanda de divisas anticipa que podrían registrarse mayores presiones a raíz de las crecientes restricciones que registra la plaza cambiaria, así como la activa regulación del BCRA en el mayorista, donde la divisa viene presentándose absolutamente “planchada” recientemente. Ante dicho escenario, no deberían descartarse mayores controles que potencien aún más la dinámica de las “brechas cambiarias”, al actuar actualmente como las únicas válvulas de escape que ofrece el modelo para la demanda, y así comience a reconocerse como el “dólar libre” a diferencia del oficial que continuaría regulado. El riesgo de que se extienda esta situación, con correlato en eventuales mayores “brechas cambiarias” en el tiempo, está en que los agentes económicos comiencen a utilizar dicho “dólar libre” en la determinación de precios, lo cual agravaría la aceleración de la inflación que se registró tras las últimas tensiones cambiarias. Este ambiente se complementa con una elevada volatilidad en las acciones y los bonos, fuertemente castigados más allá de rebotes técnicos ante circunstanciales tácticas de “trading”. Ello refleja operadores anticipando un complejo escenario económico, incluida una más agresiva reestructuración de deuda que no sólo implique extensión de plazos sino además eventual quita de capital y/o intereses. Gustavo Ber es Profesor de la carrera de Administración de Negocios – Universidad de San Isidro «Dr. Plácido Marín».
María Laura Ochoa*[1] El presente trabajo tiene por objetivo analizar las formas de la publicidad de los servicios jurídicos conforme los avances tecnológicos y el uso de las redes sociales para la promoción de la actividad de la abogacía. Para ello comenzaremos con el análisis integrado de las dimensiones sociológica, económica, jurídica y política del ejercicio de la abogacía en la actualidad. Luego trataremos la evolución histórica en occidente de las reglas relativas a la publicidad de los servicios jurídicos en los países del derecho inglés y en los países de tradición romanista para identificar semejanzas y diferencias. Luego analizaremos la normativa existente en nuestro país en materia de publicidad de servicios profesionales, la defensa del usuario de esos servicios y las normas sobre lealtad comercial. En particular analizaremos las reglas específicas previstas en los Códigos de Ética de los colegios profesionales de CABA y de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente analizaremos dos casos sobre publicidad de los servicios legales vinculados con redes sociales y el uso de las aplicaciones web. Enfoque sociológico de las profesiones: Desde un enfoque funcionalista, Emile Durkheim (1982)[i] explica que los profesionales son grupos intermedios entre el estado y los individuos, que proveen reglas y patrones de conducta para el mantenimiento del orden social. El grupo de profesionales posee autoridad o poder moral capaz de contener el egoísmo de los individuos, con el objeto de mantener la solidaridad común y evitar la aplicación de la ley del más fuerte en las relaciones individuales y comerciales. En un sentido similar, Talcott Parsons (1967)[ii] considera que la función de las/os profesionales está puesta en el interés del cliente/paciente, por tanto su función ha de ser desinteresada. El gremio profesional no determina entonces su gestión por el interés de sus miembros, sino para satisfacer una necesidad social. En el caso particular de las/os abogadas/os, contribuyen a mantener el orden social vinculando los intereses privados de sus clientes con el interés público, en el marco del respeto por la ley. Para lograr estos objetivos, el estado les reconoce a las/os profesionales dos atribuciones: la autorregulación del ejercicio profesional y el monopolio sobre el ejercicio de la actividades que le son propias (áreas de incumbencia). Con respecto a la autorregulación de sus actividades, esta atribución deriva de los conocimientos específicos que dominan. Es así que los colegios profesionales fijan los criterios y condiciones para el ejercicio profesional y se ocupan de vigilar su observancia. Con relación al monopolio o áreas de incumbencia, se establecen en beneficio de la población dado que manejan un campo del conocimiento específico, que constituye una actividad socialmente útil a la comunidad. Y como explica Böhmer (2008) en su texto Igualadores y traductores: “la herencia profesional de los abogados, uno de los roles que les cabe en las democracias deliberativas: ser los igualadores retóricos de sus conciudadanos asegurándose que los conflictos sociales sean resueltos recurriendo al mejor argumento que su comunidad ha sido capaz de producir. Es por eso que los estados modernos tienden a darles el privilegio del monopolio de la provisión del servicio de justicia y a cerrar a la ciudadanía en general el acceso a la deliberación judicial con el propósito de garantizar su igualdad.”[iii] Desde otro enfoque, Max Weber (1997)[iv] considera que las/os profesionales son grupos que intentan promover el bienestar de sus miembros a través de la monopolización de ciertos mercados. El conocimiento experto es entonces un dispositivo para justificar las prerrogativas especiales que arriba mencionamos: autorregulación y monopolio. En un sentido más radicalizado y neoliberal de esta postura, toda asociación profesional buscará cartelizar la actividad para proteger las rentas de los profesionales que la integran. Los colegios profesionales regulan así el ingreso a la profesión a través de las licencias o matrículas profesionales que entregan y a través de las regulaciones sobre los honorarios y las formas de la captación de clientes/pacientes (publicidad). Según estas visiones, el fundamento de las restricciones a la publicidad de los servicios legales estaría dado por: Para la perspectiva funcionalista: el peligro derivado del deterioro de la imagen profesional (dignidad de la profesión). A mayor publicidad habría mayor competencia. A mayor competencia, la relación abogado/cliente se centraría más en los cánones del mercado y del autointerés, alejándose del desinterés propio de las profesiones. El profesor de la Facultad de Derecho Diego Protales Íñigo de la Maza Gazmurri explica que esta hipótesis es falsa ya que supone de antemano que las/os abogadsd/os, al no contar con el recurso de la publicidad para captar clientes, se apegarán en sus actividades específicas a los más altos estándares éticos.[v] Otro peligro que identifica el funcionalismo frente a la ausencia de restricciones a la publicidad de los servicios jurídicos, es el incremento en la litigiosidad. Sin embargo, el profesor Gazmuri explica que la liberalización de las reglas sobre publicidad de los servicios legales no traería como consecuencia necesaria un aumento de los litigios. Por el contario, la publicidad daría mayor información y por tanto mayor acceso a los servicios jurídicos a las personas que actualmente no son usuarios habituales, se podría entonces desplegar la faceta preventiva de la actividad jurídica, lo que permitiría una mayor eficacia en su intervención. Para la perspectiva weberiana: las reglas que restringen la publicidad de los servicios legales tienen su origen en la necesidad de evitar la competencia interna de los miembros de una misma profesión. Esta situación beneficia a las/os profesionales más asentados en el foro en detrimento de las nuevas generaciones de abogadas/os que no contarían con las potentes herramientas de marketing para dar a conocer sus servicios en la comunidad. Enfoque económico El servicio de la abogacía forma parte de las actividades económicas que establecen relaciones entre profesionales y usuarios o consumidores, en las que el bien objeto de la transacción es un bien de confianza (credence). Se trata de bienes que resultan difícilmente evaluables por el usuario/consumidor, existe una asimetría en términos de información entre profesional y cliente. La complejidad de la evaluación del servicio legal se presenta de manera […]
Bases y Condiciones La Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Isidro (USI) invita a los docentes de las escuelas de la Región Metropolitana Norte a participar del concurso “Experiencias de innovación educativa en el aula”. El objetivo de esta propuesta es difundir experiencias innovadoras en las aulas de modo de promover la mejora de la calidad educativa. Queremos destacar la iniciativa de los docentes en el desarrollo de su tarea cotidiana para innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las propuestas presentadas serán analizadas por un Jurado de especialistas compuesto por profesores de la universidad y de organizaciones educativas asociadas. Los ganadores del concurso serán presentados en las “Jornadas de Innovación Educativa en las Escuelas”, a realizarse en diciembre de 2019, para contribuir a la socialización y armado de una red de experiencia entre las instituciones de la Región Metropolitana Norte. DESTINATARIOS El concurso está destinado a docentes de instituciones de gestión estatal y privada de nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior no Universitario de la Región Metropolitana Norte. REQUISITOS • La experiencia de innovación debe estar vigente o haberse desarrollando en un período no mayor a dos años previo a la presentación en el concurso. • A la hora de contar la experiencia, se deben incluir evidencias de su realización (fotos, las producciones y anécdotas de los alumnos). CARACTERÍSTICAS Y FORMATO DE LA PRESENTACIÓN Se debe realizar una presentación en formato PDF que contenga la siguiente información: Título de la experiencia innovadora Datos de la institución, nivel y año en el que se desarrolla o ha desarrollado Exposición de la experiencia innovadora, siguiendo los siguientes puntos como guía: el contexto y las motivaciones que llevaron a desarrollarla el objetivo de la experiencia y contenidos a enseñar, estrategias didácticas desarrolladas, rol del docente, rol del estudiante, quiénes participan en la experiencia, espacios institucionales. los recursos utilizados. Formato de la presentación Tamaño: A4 Tipografía: Calibri, tamaño 11 pt, interlineado 1,5 Datos del autor: Título, nombres, apellidos, asignaturas y/o curso, institución educativa, localidad Extensión máxima: 4 páginas Tipo de archivo: PDF CRITERIOS DE EVALUACIÓN Para la selección de las experiencias ganadoras se valorará: Creatividad y originalidad: la experiencia es creativa e innovadora, muestra modos originales de abordar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Evidencias: incluye variedad de registros multimediales y documentales (imágenes, enlaces a páginas, vídeos o audios) que den cuenta del proceso desarrollado. Aprendizajes significativos: la experiencia presentada muestra favorecer la construcción de aprendizajes significativos para los estudiantes. PREMIOS 1er. Premio: Una Tablet 10 Pulgadas Lenovo E10 16g Una beca completa para el cursado del primera año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de San Isidro “Dr. Plácido Marín” 2º Premio: Una suscripción anual de Kahoot Plus Una beca completa para el cursado del primera año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de San Isidro “Dr. Plácido Marín” 3er. Premio: Beca del 50% para el cursado del primera año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de San Isidro “Dr. Plácido Marín” CONTACTO Consultas y envío de las experiencias: cienciasdelaeducacion@usi.edu.ar FECHAS 8 de noviembre: Fecha límite de envío de las experiencias.22 de noviembre: Publicación de los ganadores.10 de diciembre: Jornada de exposición de los trabajos ganadores y entrega de premios.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Vicente Ojea, afirmó “fue una experiencia fabulosa la del seminario a través de la Universidad de San Isidro. Abarcó diferentes aspectos después de mi introducción, todo lo que tiene que ver con el tema de la economía, de la política, el tema del trabajo, el tema de la inteligencia artificial”. Durante la mañana, la teóloga y profesora universitaria Emilce Cuda reflexionó “la política es la forma más alta de caridad” y continuó “si uno quisiera llevar esto a la práctica, para el Papa Francisco es a través del diálogo social, (…) el que sienta en una mesa a todas las partes de una sociedad, siguiendo su idea de unión en la diferencia sin esperar una síntesis absoluta, una identidad a modo ideológico, simplemente un acuerdo que va iniciando procesos, eso es lo que creo que es para el Papa Francisco la política”. Por su parte, el ex ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz animó “como admiradores del mensaje social tenemos que tener un gran nivel de esperanza para el momento que viene, un gran nivel de creatividad (…) El cambio tecnológico puede encandilar pero si vemos al otro como un ser humano, no nos vamos a enceguecer, vamos a ver al otro como una nueva frontera a la cual hay que rescatar” y agregó “hay una enorme e importantísima convocatoria del Papa Francisco de una economía con alma (…), lo mismo tenemos que hacer con el tema tecnológico, por eso la analogía: economía con alma, tecnología con alma, ese es el mensaje final que me gustaría dejarles”. Luego de las dinámicas de trabajo, el obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Gustavo Carrara, sostuvo “hay que sentar también en la mesa del diálogo y del encuentro a los más pobres porque ellos nos aportan un modo de ver la realidad que por ahí nosotros que no pasamos necesidades no llegamos a captar”. Como mensaje final de esta jornada que duró dos días, monseñor Oscar Ojea, expresó “me parece que es un desafío para nosotros cómo seguir profundizando el magisterio de Francisco porque es una invitación a la creatividad, al pensamiento, al diálogo, al encuentro” y concluyó “como pastor de la diócesis me siento muy orgulloso de haber podido concretar este sueño aquí en la universidad”.
